Costas costarricenses bajo presión: comunidades alertan sobre gentrificación y riesgos ambientales
Un informe de la Universidad Nacional de Costa Rica documenta cómo la especulación inmobiliaria, la corrupción local y la falta de datos ambientales actualizados amenazan el equilibrio social y ecológico de las zonas costeras del país
Comunidades costeras de Costa Rica enfrentan una transformación acelerada y desigual impulsada por el crecimiento inmobiliario y la gentrificación. Así lo documenta un reciente informe del Programa Interdisciplinario Costero (PIC) del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), que analiza cómo el modelo turístico vigente…
Comunidades costeras de Costa Rica enfrentan una transformación acelerada y desigual impulsada por el crecimiento inmobiliario y la gentrificación. Así lo documenta un reciente informe del Programa Interdisciplinario Costero (PIC) del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), que analiza cómo el modelo turístico vigente ha alterado las relaciones entre territorio, cultura, economía y comunidad en los 1,016 kilómetros de costa pacífica y los 212 kilómetros del Atlántico costarricense. El documento, resultado de un trabajo intersectorial con residentes, instituciones públicas, universidades y organizaciones sociales, alerta sobre la mercantilización del paisaje, la presión sobre la tierra y el desplazamiento social como consecuencias directas de un esquema que prioriza la inversión extranjera sobre el bienestar local.
Entre las amenazas más críticas identificadas por el informe destaca la debilidad en la gobernanza territorial. A pesar de contar con un marco legal ambiental formalmente robusto —incluyendo la Ley de Zona Marítimo Terrestre y la Ley Orgánica del Ambiente—, la efectividad en su aplicación es calificada como baja. El análisis denuncia la presencia de redes criminales y estructuras de corrupción que operan como formas paralelas de poder en los gobiernos locales, generando un entorno de clientelismo y captura institucional que compromete la cohesión social y la economía de las comunidades. Un caso emblemático es el de los planes reguladores: diseñados para orientar un desarrollo sostenible, han sido vulnerados por intereses privados y procesos de aprobación poco transparentes, limitando la capacidad de las autoridades para proteger recursos naturales y garantizar acceso equitativo a la tierra.
La gestión socioambiental también muestra señales de alarma. Los mapas de cobertura boscosa no han sido actualizados en más de 25 años, lo que dificulta la planificación informada y permite edificaciones en zonas de amortiguamiento. Las consecuencias son tangibles: la muerte de monos congos en Guanacaste por ausencia de pasos aéreos y el avance del desarrollo inmobiliario en los límites del Parque Nacional Manuel Antonio son ejemplos que ilustran el costo ecológico del modelo actual. La investigadora Silvia Rojas, del PIC-Idespo, señaló que el objetivo de la sistematización es traducir las preocupaciones y propuestas de las comunidades en un texto accesible que sirva de base para futuras acciones concretas. Para los tomadores de decisiones en los sectores público y privado, el informe representa una señal de que el desarrollo costero en Costa Rica requiere con urgencia marcos de gobernanza más sólidos, datos actualizados y mecanismos de participación comunitaria que equilibren la atracción de inversión con la sostenibilidad territorial a largo plazo.
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